Quizás sea necesario comenzar por aclarar cada cual, cómo entiende cada uno de los apellidos que componen el titular de este artículo. Un debate preciso y necesario que debe desembocar en un acuerdo de mínimos sobre el desarrollo del sistema educativo que entre todas debemos construir.
Aún así debo precisar que no comparto esa idea de que el país necesita un pacto total por la educación; esto no es una utopía, sino una quimera. Tampoco acepto que el sistema educativo de nuestro estado sea uniforme y monolítico. La identidad territorial, la perspectiva federal y plurinacional del Estado Español conlleva una lógica diversidad que en sí misma es una riqueza y debe ser así considerada; la mal entendida normalización del sistema es lo más anormal que se puede aplicar porque resulta profundamente injusta y tiene un carácter uniformador que no responde a un Estado democrático. Comparto con Paulo Freire cuando «ve la necesidad de la divergencia de pensamiento y acción como la forma perfecta de democracia porque ello supone un acrecentamiento de los saberes«.
Ante este planteamiento es posible que alguna pudiera pensar que, por tanto, no es posible superar la situación actual donde cada cambio de gobierno supone un cambio de leyes que rigen. Nada más lejos de la verdad. Es posible y debe ser una realidad un acuerdo sobre las bases en donde se debe mover un sistema educativo justo y garantista de los derechos de las personas. Y sobre ese acuerdo es de lo que me propongo exponer algunas ideas sobre las que basarlo ydebiendo estar garantizado por el Estado más allá de los intereses partidistas que no aportan visiones más que parciales del estado de la educación en nuestro país.
Pero como decía al principio, aclararé mi forma de conceptualizar cada uno de los apellidos que lleva prendido este sistema educativo al cual aspiramos en un presente lo más inmediato posible.
Más allá de estas conceptualizaciones hay que establecer una serie de elementos que deben permitir alcanzar ese sistema educativo posible. En mi opinión y sin llegar al detalle, que debería ser objeto de otros espacios y momentos, los elementos serían los siguientes:
Un acuerdo social e institucional de elevar los presupuestos dedicados a educación, desde el actual nivel, al máximo de los países del entorno europeo, con unas partidas concretas y determinadas de ese presupuesto dedicadas a compensar los gastos de los territorios que se encuentran en desventaja actualmente, desde el punto de vista presupuestario. Y todo ello dentro de una ratificación de estos acuerdos en los cambios constitucionales que blinden los derechos sociales por encima de otras obligaciones meramente economicistas.
Un documento de compromisos básicos elaborado por el conjunto de los agentes educativos, familias, personal docente y no docente, administraciones, colectivos sociales y profesionales y personas que quieran estar y participar y que establezca un campo normativo amplio pero de estricto cumplimiento, incluyendo un conjunto de medidas de funcionamiento al margen del color partidista de los gobiernos. Este documento sería algo así como la constitución de la educación del Estado Español.
El establecimiento de Consejos Sociales de la Educación en cada una de las autonomías del Estado Español donde estén representados todos los sectores de la comunidad educativa y que velen por el cumplimiento de ese documento de compromiso. Solo la participación social y real de la ciudadanía puede permitir un control suficiente y exhaustivo de la acción educativa. No es democrático pedir participación para luego negar la capacidad de control de los propios participantes. Esta propuesta es de superación de las actuales estructuras de los Consejos Escolares alejadas de la realidad y trufadas de compromisos partidistas y profesionales.
Es claro que esta propuesta es abierta, no pretendo santificar nada y mucho menos en el ámbito de la educación. Además de abierta está sujeta a todos los cambios precisos y necesarios. Queda mucho por desarrollar, discutir y ampliar. En cualquier caso no estoy hablando desde una perspectiva neutra, sino políticamente orientada.