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27.07.2014

Mercado y Educación no casan, pero la economía en la educación es necesaria

por José Antonio Jiménez Ramos

Educacion_segregadora.previewRecientemente, el ministro Wert acompañó al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación de un estudio sobre las competencias de los graduados universitarios españoles que fue muy bien criticado por Concha Caballero en su columna semanal de El País. La autora utilizaba el artículo para hacer una pregunta ¿Educación o mercado? que se autorespondía con una negativa y, al mismo tiempo, con la constatación de una realidad, el mercado está marcando la marcha de la educación. No es una cuestión nueva, yo mismo lo denuncié hace bastante tiempo en una entrada de este blog con motivo de la publicación de uno de los afamados Informes PISA. Es una constante en las políticas educativas de los últimos años que viene siendo criticada desde de distintos prismas de forma amplia por profesores  como Michael Apple, Manuel de Puelles, José Manuel Escudero y mas recientemente y en el ámbito andaluz, Francisco Javier Merchán ha hecho una reflexión muy interesante sobre la mercantilización de la educación  en el  caso de Andalucía.

Al hilo de estas reflexiones y de otras, ha surgido un tema, que durante mucho tiempo no ha recibido la atención que merecía, como es la comparativa de costo entre la enseñanza pública y la enseñanza privada concertada, que al fin y al cabo, nos guste o no,  es una forma de sostener de manera pública la enseñanza. Está en el trasfondo de estos estudios la necesidad de aplicar elementos económicos a la enseñanza, porque las políticas de austeridad están promoviendo que determinados argumentos florezcan permanentemente. Uno de ellos, es que la gestión privada es más barata que la gestión pública y que, en consecuencia, en el caso que nos ocupa, que la enseñanza concertada es más eficiente que la enseñanza pública. Pues bien, hace unos días mi amigo Pedro García Ballesteros me envió un estudio a través de twitter que tardé algún tiempo más de la cuenta en leer, pero que de forma inmediata me sugirió una comparativa con otro estudio que había publicado el área federal de Eduacción de IU. Y a ello voy a dedicar este post.

Empezemos por el estudio que me envió Pedro García Ballesteros. El título ya encamina el interés “Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados” introduce una idea que en muchos casos se olvida, el gasto familiar es una parte del gasto de la enzeñanza que permite visualizar la falta de gratuidad del sistema. Según el articulo 27.4 de la Constitución ” La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.“, por tanto nos encontramos una primera constatación de la situación, en España no hay gratuidad de la enseñanza básica.

El otro estudio más reciente en el tiempo tiene como objetivo desmontar la idea de que la eficiencia de la enseñanza concertada es mayor que la de la enseñanza pública. El título lo sugiere de forma clara “El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada. Desmontando un mito interesado“.

Antes de entrar en comparaciones entre ambos estudios es preciso hacer algunas consideraciones importantes. La primera es fundamental, el primer estudio trabaja con datos del año 2007  y el segundo con datos de 2011. Como decía es fundamental, pero no impide la comparación como se verá más adelante. La segunda consideración es también importante, el estudio de Rogero y Andrés (2013) no tiene en cuenta ninguna variable que no se corresponda con el gasto, mientras que el estudio de Martín Díaz y otras (2014) establece como diferencia sustancial el hecho de tener en cuenta unas variables que corrigen el resultado de estudios anteriores. Esta consideración resultará determinante en la comparación de los resultados de ambos estudios. Y una tercera y última consideración es que, mientras el primero de los estudios utiliza datos de todas las etapas del sistema educativo no universitario, el segundo solo ha podido utilizar datos de las etapas obligatorias por una falta clara de transparencia del Ministerio.

CONCLUSIONES COMPARADAS

Dada las circunstancias del estudio de Rogero y  Andrés las conclusiones iniciales  establecen que “el gasto público por alumno en centros concertados de educación infantil, primaria y secundaria constituyó en 2007 un 49,9% en relación con el gasto público por alumno en centros públicos, y que el porcentaje de gasto público dedicado a la enseñanza privada concertada fue del 16,2%” esto teniendo en cuenta que la enseñanza concertada es el 27,9% de toda la enseñanza en España. Y considerando el gasto de las familias se llega a la siguiente conclusión “las familias pagan un promedio de 1.222 euros anuales al año por alumno en los centros concertados, 750 euros más que en los centros públicos” esto supone que las familias se gastan en los centros públicos el 38,9% de lo que gastan en los centros concertados. Una primera consecuencia de estos gastos es que las familias que acuden a la enseñanza concertada tienen un nivel adquisitivo mayor que las que acuden a los centros públicos. Según los autores estos supone un principo de inequidad en el sistema. Los centros concertados reciben mayor número de alumnado de familias con mayores recursos económicos y, por tanto, el punto de partida del alumnado no es el mismo. Finalmente el estudio concluye  que el gasto por alumno una vez sumados los costes públicos y los familiares, “es un 33,1% mayor si el alumno se matricula en un centro público que si lo hace en un centro concertado“. De todo estos números los autores reconocen que tienen una carencia de datos que no les permite conocer con exactitud cual es el costo real, pero a pesar de todo cocnluyen que “la extensión de la educación concertada implica, a priori, una reducción del gasto público y un aumento del esfuerzo económico que deben hacer las familias. Existen, por tanto, diferencias económicas significativas en el acceso a la educación que son generadoras de desigualdades educativas y que requieren medidas correctoras desde el ámbito público. Asimismo, la extensión de los centros concertados, en las condiciones y con las características actuales, conlleva la disminución de la equidad debido a la concentración de alumnos según origen familiar, diferentes condiciones de trabajo de los profesionales de la educación (más horas de docencia directa, más alumnos por clase y menos salario), un acceso opaco a la función docente y, generalmente, la apuesta por un modelo educativo caracterizado por un ideario religioso-confesional, ya que el 74% de los alumnos de centros concertados estaban matriculados en centros católicos en el curso 2006/2007“.

El estudio de Martín Díaz y otras, realizado bajo el auspicio del Área Federal de Educación de  IU plantea una premisa que ya implica una similitud con el estudio  anterior, el coste publicitado de la plaza escolar de un centro concertado es menor que el de un centro público, pero de inmediato ya discrepa abiertamente porque considera que para saber ese coste real hay que aplicar una serie de variables (ratio alumnado por grupo, ratio de profesorado por grupo, presupuestos y salario del profesorado) y una vez obtenidos los resultados se comprueba que el coste por alumno/a es casi idéntico en los dos tipos de enseñanzas, en el caso de la pública 4185 € y en el caso de los centros conertados 4184 €. En las conclusiones se dice expresamente “el aparente menor coste de la enseñanza privada concertada se explica, sobre todo, porque sus titulares seleccionan las zonas y el alumnado que les interesa atender, además de tener un profesorado con peores condiciones laborales” y se continúa abundado en cuáles son las razones del menor coste de la enseñanza concertada, “con un mayor número de escolares por aula y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa (y mayores recursos), y de su total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor población, donde el coste medio por alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes anuales.” Se pone de manifiesto que las dos variables que suponen un mayor coste de la enseñanza en centros públicos son “(ratio alumnos/grupo y profesores/grupo)” y que ello, al igual que hacía el estudio primero, tiene consecuencias evidentes en la equidad del sistema. Al hacer este estudio, donde se incorporan las variables nombradas, no se olvida el coste familiar, de tal forma que se concluye que “el coste anual por estudiante en la enseñanza privada concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros” dado que según la encuesta de gastos familiares en la educación la diferencia del gasto por familia en contra de los centros conertados es de 727 €. Se incluye en las coclusiones un asunto importante, que más que una conclusión es una sopecha fundamentada. “Si este trabajo se hubiese referido al año 2012 o 2013, muy probablemente la diferencia de partida entre la inversión por alumno/a en la educación pública y en la concertada habría sido bastante menor, ya que se están acomodando los estándares de la enseñanza pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve una merma en la calidad y equidad de la educación“. Esta situación se corrobora por la pérdida de 60.000 profesores o profesoras en la enseñanza pública y por la bajada de salarios en los tres años últimos. En definitiva, el estudio denuncia una situación de pérdida de calidad y de equidad en el sistema educativo determinando que “la escuela pública no sólo es la encargada de garantizar una educación de calidad con equidad para todos los alumnos y alumnas o la que puede y debe compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social, sino que cumple esa función social sin que ello suponga mayor coste real para el erario público o para las familias.

En mi opinión la comparación entre ambos estudios nos permite hacer patente algunas cuestiones, la primera de ella es que en España la presencia de la educación concertada es bastante alta, se acerca al 26% del total, la segunda es, que esta situación no es nueva, aunque en los últimos años se haya incrementado por la prevalencia de gobiernos mas conservadores, pero la tendencia ha sido, desde el reconocimiento de los centros comcertados, al alza. Así mismo, esta presencia se refuerza en los últimos  tiempos por algunos argumentos relacionados con la eficiencia de los centros concertados frente a las de los centros públicos; el coste conocido y sin homogeneizar de una plaza concertada es más baja que el coste de una plaza pública, aunque esa diferencia aparente vaya en detrimento de la calidad y la equidad. Y justo aquí es donde se marcan las diferencias un estudio con el otro,  mientras que para el primero esa diferencia de coste le permite deducir que de esa manera se producen problemas de equidad, ya que a los centros concertados acuden, en consecuencia, alumnado de familias con mayores posibilidades económicas produciendo un punto de partida diferente, para el segundo, sin negar esa evidencia, se pone de manifiesto que la situación es aún mas perniciosa, ya que si, tal como se demuestra en su caso, se tiene en cuenta las variables que permiten homogeneizar estos resultados con otros estudios de tipo internacional, las conclusiones vienen a decir que el gasto público es idéntico en ambos tipos de centros y, por el contrario, si se le añade el costo familiar es más cara la enseñanza concertada que la pública. De alguna forma ambos estudios pueden entenderse como complementarios, pero que también pone de manifiesto que los métodos y los datos no son neutrales. Cuando el primer estudio no entra a valorar  las variables que utiliza el segundo está haciendo una opción, la comprobación del coste más bajo de una plaza concertada que una pública, al igual que plantea la CECE, aunque a continuación ponga de manifiesto la inequidad del sistema. Viene a ser como una excusa para la continuación de los recortes;  si hay poco dinero para la educación, cuántas más plazas concertadas, menos costo económico para las arcas públicas. Claro está es una conclusión exclusivamente economicista y que coincide con la idea a la que establecía Concha Caballero en su columna semanal, el mercado marca la trayectoria de la educación. Sin embargo, el segundo de los informes está escorado a una concepción más social, considera que las variables son fundamentales para conocer el costo real de la plaza escolar en centros concertados y públicos. Esas variables permiten desmontar la práctica de la patronal de la enseñanza que sin ningún pudor, sabe de partida que efectivamente pagan peor al profesorado, tienen menos profesorado y más alumnado por grupo y ello no parece importarles y realmente no les importa.

En una situación como la actual, donde la austeridad como bandera, es utilizada para hacer toda clase de tropelías es un hálito de compromiso que se ponga de manifiesto que nada justifica los recortes en educación, porque ésta tiene que ser no solamente un servicio público sin más adjetivos, sino que tiene que ser considerada un derecho de las personas y que requiere de equidad y de calidad. Y claro está que la economía tiene que estar presente en la educación, precisamente para ser riguroso y no permitir que los argumentos sean exclusivamente de tipo económico, sino que además se tengan en cuenta que lo social importa más que aquellos argumentos.

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