ES NECESARIO QUE SE DEPUREN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se anulaba el Plan de Calidad de la Consejería de Educación. Se culmina así, un proceso que debe tener responsabilidades políticas.

El 29 febrero de 2008 la Consejería de Educación publicó una Orden que desarrollaba el PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS. En el momento de su publicación estaba al frente de la Consejería de Educación de forma interina, Sebastian Cano, pero la orden provenía de la anterior Consejera, Candida Martínez, que habia dirigido durante casi 8 años la educación en la Junta de Andalucía. (Observese la fecha y quien firma la Orden)

Sevilla, 30 de agosto de 2007

SEBASTIAN CANO FERNANDEZ

Consejero de Educación

Esa Orden se ha mantenido con modificaciones menores a lo largo de los cursos 2008/09 y sucesivos hasta el momento actual. Han pasado, por tanto, cinco cursos escolares y tres personas que han estado al frente de la Consejería de Educación, Teresa Jiménez, Mar Moreno, por primera vez, Francisco Álvarez de la Chica y en este momento, de nuevo Mar Moreno. Durante todo este tiempo la viceconsejería ha sido ejercida por la misma persona, el nombrado anteriormente Sebastián Cano. Esto no es casualidad, el urdidor de este Programa fue él, que gracias a que lleva en el cargo desde el año 2000, ha podido darle continuidad al mismo.

El programa fué recibido con pitos y palmas, es decir, con división de opiniones. Se mostraron a favor de manera muy ferviente, desde el primer momento los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y ANPE y en contra, USTEA, CGT, APIA, SADI y, mas adelante cambió su posición añadiéndose a las posiciones contrarias CSIF. Dió lugar a manifestaciones y huelgas promovidas por los sindicatos que mostraron su desacuerdo y todo aquello culminó con la presentación de un recurso por parte de los sindicatos contrarios al Plan que fué estimado en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en julio de 2010. Esta sentenciafue, a su vez, recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo y éste a su vez no admitió el mencionado recurso de casación. Posteriormente, y en el pasado mes de octubre el propio Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia anterior con lo cual se da por terminado el proceso judicial. Digamos que el Plan de Calidad ha quedado,desde el punto de vista judicial, totalmente deslegitimado y, además,ya se puede decir, con todo el peso de la ley, que el mencionado Plan es contrario a la legalidad vigente.

En esta situación, quedan claras algunas cuestiones, el Plan no se puede seguir aplicando, es ilegal, las sentencias del TSJA y de TS asi lo platean y, consecuentemente, hay que anular su aplicación y proceder a restituir la situación anterior a la puesta en marcha de esta orden. Además la pertinaz defensa, durante estos años, por las diversas personas que han estado y están al frente de la Consejeria de Educación implica necesariamente hacerse responsables de la situación creada, en consecuencia, se tienen que dar explicaciones de la actuación de esas personas y proceder a asumir las responsabilidades políticas correspondientes. Esas responsabilidades corresponde depurarlas, a la propia Consejería de Educación, en primera instancia y, al presidente de la Junta de Andalucía, en caso, de que no se lleven a cabo por la Consejería. Este asunto no puede pasar como si no hubiera ocurrido nada, aquí ha habido tozudez y obcecación política, ha supuesto un despilfarro económico sin control, no ha existido equidad y se ha llevado una política en contra de la dignidad del profesorado y por si fuera poco no se ha escuchado, con una arrogancia impropia de servidores públicos, las posiciones mayoritarias manifestadas por el profesorado y por tanto, se deben producir ese tipo de responsabilidades. Y finalmente, hay que reordenar las cantidades presupuestadas en otra dirección, que dadas las circunstancias actuales, deben ser dedicadas a una mayor contratación de profesorado, cuyo recorte en este curso ha supuesto uno de los mayores atentados que la educación pública ha recibido en toda la democracia. Una verdadera calidad y mejora de los rendimientos escolares pasan por un mayor número de profesorado que atienda a las necesidades del alumnado, por tanto, es una magnífica oportunidad para incrementar las plantillas con el presupuesto que se debe retirar de lo dedicado al Plan de Calidad.